La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona ha acordado citar a declarar como imputados al expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz, al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y al exconsejero del Gobierno de Navarra Alvaro Miranda, en el marco de su investigación por el cobro de dietas en Caja Navarra.
En concreto, Miguel Sanz es citado a declarar el día 12 de abril, Enrique Maya el día 15 y Alvaro Miranda el día 16, todos ellos a las 10 horas.
En una providencia que se ha conocido este martes, la juez solicita además al departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra que le remita "las autorizaciones que existan en relación al cobro de dietas por asistencia y desplazamiento, y condiciones en su caso para percibirlas, así como cualquier otra condición o presupuesto que pueda haberse establecido para su cobro".
Cabe recordar que la juez dictó recientemente un auto en el que rechazaba remitir a la Audiencia Nacional la investigación de las dietas de Caja Navarra y señalaba que el cobro de estas cantidades tenía "un sustento cuanto menos dudoso".
La juez consideraba en aquel auto que "el pago y cobro" de estas cantidades no constituyen un presunto delito societario, "sino quepodrían constituir un delito de cohecho, que es consustancial al delito de prevaricación por omisión cuya competencia se atribuye a este Juzgado".
El auto señalaba que "las personas que estaban recibiendo estos pagos presuntamente injustificados eran las mismas que debían llevar a cabo la labor de inspección de la gestión de la entidad pagadora y la definitiva calificación que se realice de ellos dependerá del curso de la causa".
POSIBLE DELITO DE COHECHO En un auto hecho público el pasado 21 de marzo en el que rechazaba trasladar a la Audiencia Nacional (AN) la investigación relativa a los sobresueldos de Can, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, Mª Paz Benito Osés, precisa que el pago y cobro de las dietas de la entidad navarra no constituye un delito societario, como sostiene el Juzgado Central de la AN, "sino que podrían constituir un delito de cohecho, que es consustancial al delito de prevaricación por omisión cuya competencia se atribuye a este Juzgado, puesto que se funda en los mismos hechos".
En concreto, la juez recalca que las personas que recibían "estos pagos presuntamente injustificados eran las mismas que debían" inspeccionar la entidad pagadora, al tiempo que avanza que la definitiva calificación de estos hechos dependerá del curso de la causa. La magistrada distingue además la Junta de Entidades Fundadoras (JEF) de la Comisión Permanente. Dice que las dietas que se pagaban en los dos órganos "poseen un sustento cuando menos dudoso", que en su opinión "es evidente" en el segundo de ellos, al que solo pertenecieron Sanz, Barcina, Maya y Miranda.
No pasa por alto la juez que la Permanente no fue regulada de forma expresa en el Reglamento de la entidad hasta el 24 de junio de 2011, "cuando esas reuniones venían celebrándose y esas dietas cobrándose desde el 31 de agosto de 2010". Precisa, además, que la mención que se hace en el punto tercero del acta de constitución de la JEF de 21 de junio de 2010, cuando al fijar el calendario de sesiones se incluye la frase "sin perjuicio de las sesiones de reporte", "no puede considerarse como creación de la Permanente".
El auto, muy crítico con este órgano opaco, recoge que no se alcanza a "adivinar cuántos miembros ha de tener, cuál es el objeto de esas sesiones, quiénes han de constituirla, cada cuánto se han de reunir...". Sí se sabe, en cambio, continúa la magistrada "que se han recibido importantes cantidades en concepto de dietas en virtud de unas reuniones que convocaba el presidente, que según parece era el mismo presidente de la JEF, realizándose siempre dos sesiones consecutivas".
También incide la juez en que algunas de estas reuniones "tenían por objeto únicamente darse por enterados de que no había habido ningún acuerdo nuevo por parte de los órganos de gobierno de la entidad, y que en todo caso se limitaban a informar, sin ningún tipo de participación activa por parte de sus integrantes".
En otras palabras, viene a decir que cobraban por no hacer nada. El auto de la juez vuelve a apuntar directamente a las posibles responsabilidades de Los Cuatro de la Permanente, ya que considera que no solo percibían unas dietas de "dudosa justificación", sino que ellos mismos eran quienes "debían ejercer la inspección de la Caja por ser miembros del Gobierno foral, del Ayuntamiento de Pamplona o del Parlamento", lo que "podrían ser igualmente constitutivo de ilícito penal, al margen de la mala o buena marcha de la entidad y por tanto de que hubiera existido o no un perjuicio económico".
Asimismo, la juez pone en el punto de mira a Miranda cuando recuerda que "el Departamento de Economía ejercerá las funciones disciplinaria, de inspección y sancionadora de las cajas de ahorros que operan en el ámbito de la Comunidad Foral", tarea que el Gobierno de Navarra no ha realizado al menos desde el año 2000.
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